La obra que expone el pensamiento democrático de Locke es Two Treatises of Government (Dos Tratados Sobre el Gobierno) y fue publicada en 1690, en la que el autor postuló un ataque en contra de la teoría del derecho divino de los reyes (primer tratado) y además desarrolló una teoría contractualista e hizo grandes aportes al campo de la democracia (segundo tratado) (Copleston, 1996).

Es posible distinguir los aportes de John Locke al pensamiento democrático contemporáneo en al menos dos temas importantes: los derechos naturales de los hombres y la comunidad como poder legítimo ante la tiranía o incompetencia de sus representantes.

Para entender en qué consisten los derechos naturales del hombre, es necesario hacer una breve explicación de la filosofía política lockeana, centrada en sus conceptos de estado de naturaleza y de contrato. De acuerdo con John Locke (2013), el estado de naturaleza es un estado en el que todos los hombres por igual gozan “de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca” (II, § 4).

En estado de naturaleza, todos los hombres se encuentran en iguales condiciones para ser y para apropiarse de recursos libremente. Este fue uno de los grandes aportes de Locke pues sirvió como base a la teoría de los derechos humanos que se extendió a mayor escala después de los juicios de Núremberg en el siglo XX. Fue quizá el primer pensador que atribuyó al hombre libertades intrínsecas a su ser. Él creyó que por el simple hecho de existir los hombres tienen derecho a hacer con su persona lo que les viniera en gana y de apropiarse libremente de los recursos a su alrededor.

Ahora bien, el único principio racional que invita a estos individuos a mantener cierta conducta apropiada es la ley natural, es decir, un principio racional: “nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones” (Locke, 2013, § 6). La cuestión aquí es la de la necesidad que tienen los hombres por establecer un Estado puesto que no todos los hombres usan la razón para legislar su conducta bajo la ley natural, en cambio atropellan las libertades de otros.

En principio todos los hombres son igual de libres y viven bajo el principio racional de la ley natural. Pero hay algunos individuos que no son capaces de vivir conforme a la razón y atropellan las libertades de otros. Sus acciones irracionales provocan que la vida en estado de naturaleza sea peligrosa para todos. Para solucionar esto Locke (2013), propone que los hombres otorguen poder suficiente a un gobernante para que los proteja de todo aquél que pretenda dañarlos tanto en su persona como en sus propiedades: “la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse en Estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de salvaguardar sus bienes” (IX, § 124).

Sin embargo, Locke (2013) impuso muchas condiciones y restricciones a la existencia de este poder fáctico. En primera instancia, afirmó que el gobierno pactado por todos los hombres tiene que dividirse en: un poder legislativo (que puede estar en manos de legisladores o del gobernante) que gobierne con leyes fijas; un poder judicial eficaz, y el poder de la comunidad política (IX, § 131).

Este último poder, el de la comunidad política, es de gran importancia para entender cómo funciona el pensamiento democrático de Locke. Lo que este filósofo consideró como ‘democracia perfecta’ tiene como punto de partida el poder de la comunidad:

Al reunirse por vez primera los hombres para formar una sociedad política, la totalidad del poder de la comunidad radica naturalmente en la mayoría de ellos. Por eso puede la mayoría emplear ese poder en dictar de tiempo en tiempo leyes para la comunidad y en ejecutar por medio de funcionarios nombrados por ella. En esos casos la forma de gobierno es una democracia perfecta (Locke, 2013, X, § 132).

De este argumento se desprenden dos consecuencias: que la comunidad tiene el poder de legislar en ausencia de un gobernante, y que el fin hacia el que tiende todo gobierno es el bien común.

En el Estado propuesto por Locke (2013), los legisladores son revocables si éstos no cumplen con su función: “le queda siempre al pueblo el poder supremo de apartar o cambiar los legisladores, si considera que actúan de una manera a la que se les ha confiado” (XIII, § 149). La que sí es digna de homenaje es la ley como idea y no los gobernantes. Por esto, si sus leyes son injustas, un gobernante no es digno de obediencia. El pueblo tiene el poder de disolver e instaurar sus legislaturas como mejor les resulte para alcanzar su fin, o sea, el bienestar común.